El día de hoy, el Banco Mundial publicó el estudio Crimen y violencia en Centroamérica: un desafío para el desarrollo, en el cual se expone que la prosperidad de la región se está viendo afectada por los altos índices de violencia y criminalidad, principalmente en Guatemala, Honduras y El Salvador, cuyas tasas de criminalidad se sitúan entre las más altas de Latinoamerica. En el caso de Costa Rica, Panamá y Nicaragua poseen niveles de violencia y criminalidad menores, pero se ha generado un alza en los mismos recientemente.
Según este estudio, el PIB de la región podría verse reducido en cerca de un 8% si la situación prevalece. Pero éste no es el único efecto si no que también inhiben el crecimiento económico, contaminando el clima de inversión y desvíando los escasos recursos públicos hacia el fortalecimiento de la seguridad pública, en lugar de fomentar la actividad económica.
Según datos obtenidos de El Financiero, en Costa Rica existe una tasa de robo de 5,3%, 5,4% en allanamiento de morada y de 16% en índices de victimización , frente a tasas del 11,4%, 4,4% y 17% respectivamente de Guatemala (las más altas del istmo).
En el estudio se menciona que es necesario fortalecer la estructura judicial tan débil que tiene cada uno de los países centroamericanos, pero ¿cuánto vamos a tardar haciendo esto y cuándo vamos a iniciar? ¿Esperaremos como país a que haya una reducción por ejemplo en la IED, para tomar decisiones? La decisión debió tomarse ya hace mucho tiempo junto con programas sociales cuyo propósito sea dismuninuir la violencia y el crimen, en un país que según se indica en el informe, es el que posee las mejores condiciones de la región.
De acuerdo al Plan de Gobierno de Laura Chinchilla, para campaña electoral, indica que la propuesta en materia de seguridad ciudadana se articula alrededor de cinco ejes temáticos centrales y prioritarios: 1. una policía renovada y equipada, 2. la lucha contra la impunidad, 3. la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, 4. la prevención del delito y la adopción de una política integral y 5. sostenible de seguridad ciudadana.
ResponderEliminarDe ellos me llama mucha atención el segundo punta "la lucha contra la impunidad". Cada vez son mas los casos en los que la justicia están a favor del delincuente. Como indica el mismo plan de gobierno "Nada resulta tan frustrante para la ciudadanía como ver a la policía capturar a quien ha cometido un delito y poco después constatar que esa persona ha recuperado su libertad".
Según análisis estadísticos, "basado en datos del Poder Judicial para el año 2009, evidencia que la impunidad en el país alcanzó una cifra descomunal: 95,1%"
No hay duda que el gobierno de Laura Chinchilla debe trabajar muy fuerte para corregir esta problemática.